Nueve estados de Estados Unidos, incluyendo California, Carolina del Norte, Colorado, Illinois, Nueva York, Oregón, Tennessee, Utah y Virginia, están a punto de recibir una inyección significativa de fondos, hasta $23 millones, provenientes de acuerdos con varias compañías farmacéuticas. Estas empresas fueron acusadas de utilizar tácticas engañosas para inflar la prescripción de opioides, lo que exacerbó la crisis nacional de opioides.
Estos acuerdos forman parte de un arreglo mayor de $720 millones que se distribuirá entre los nueve estados y ocho compañías farmacéuticas, según un comunicado de Telemundo Chicago. La oficina del Fiscal General de Illinois, Kwame Raoul, anunció el jueves que cada una de las empresas involucradas pagará diferentes cantidades a lo largo de distintos periodos.
El Fiscal General Raoul enfatizó la importancia de estos fondos, declarando que su oficina continuará trabajando con otros fiscales generales para «responsabilizar a las compañías por agravar la crisis de opioides». También destacó la importancia de los recursos obtenidos para ayudar a las familias y comunidades a mitigar los impactos del trastorno por consumo de opioides, una problemática que no se limita a un solo estado o grupo socioeconómico.
Las ocho compañías farmacéuticas involucradas y sus respectivas contribuciones son:
Mylan (ahora parte de Viatris): Más de $284 millones a lo largo de nueve años.
Hikma: Casi $96 millones en un período de uno a cuatro años.
Amneal: Aproximadamente $71.7 millones a lo largo de 10 años.
Apotex: Más de $63.6 millones en un solo año.
Indivior: Más de $38 millones durante cuatro años.
Sun: Casi $31 millones en un plazo de uno a cuatro años.
Alvogen: Más de $18.6 millones en un año.
Zydus: Casi $15 millones en un año.
Estos acuerdos no solo implican pagos económicos, sino también restricciones significativas para las compañías farmacéuticas. Siete de ellas ya no podrán promocionar opioides ni producir o vender píldoras con más de 40 mg de oxicodona. Además, están obligadas a vigilar y reportar cualquier pedido sospechoso.
Una de las empresas, Indivior, con sede en Virginia, enfrenta una prohibición aún más estricta: no fabricará ni venderá productos opioides por una década. Sin embargo, sí podrá seguir comercializando y vendiendo medicamentos diseñados para tratar el trastorno por consumo de opioides.
Como parte de estos arreglos, los estados tienen la opción de recibir productos farmacéuticos sin costo o, en su lugar, optar por una compensación económica directa.
Illinois, específicamente, ha logrado recuperar cerca de $1.4 mil millones de los aproximadamente $50 mil millones obtenidos a nivel nacional en acuerdos y litigios contra farmacéuticas, según la oficina del Fiscal General Raoul.
La urgencia de estos acuerdos se subraya por la devastadora crisis de salud pública que ha afectado a Estados Unidos. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre 1999 y 2022, las sobredosis de opioides cobraron la vida de aproximadamente 725,000 personas en el país.
Estos acuerdos representan un paso importante para responsabilizar a las empresas por su papel en la crisis de opioides y para proporcionar recursos vitales a las comunidades afectadas.
Fuente: Pegaísima 91.7FM / Daimal Gómez pasante UBV
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