El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este viernes el cierre de los diálogos y espacios de sometimiento que aún permanecían activos como parte de la política de “paz total” impulsada por su antecesor, Gustavo Petro.
La decisión marca un cambio radical en la estrategia del Gobierno colombiano frente a las organizaciones armadas y cumple una de las principales promesas de campaña de De la Espriella, quien ha defendido una política de mayor presión militar y judicial contra los grupos que continúen ejerciendo violencia.
Se acabó la falsa paz. En mi Gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
El anuncio afecta las mesas de diálogo con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb).
También quedarán cerrados los espacios de conversación de carácter sociojurídico establecidos con organizaciones armadas de Medellín y el Valle de Aburrá, en Antioquia; Quibdó, en Chocó; y Buenaventura, en Valle del Cauca.
Uno de los procesos afectados es el de los Comandos de Frontera, organización perteneciente a la CNEB. Durante la Administración Petro, 99 de sus integrantes avanzaron en un proceso de desarme y se concentraron en junio en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Valle del Guamuez, Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador.
La zona fue creada para facilitar la transición de los integrantes del grupo hacia la vida civil y contaba con mecanismos de acompañamiento y monitoreo institucional. Sin embargo, el nuevo Gobierno ordenó su cierre mediante la Resolución 389 de 2026, que estableció el 30 de septiembre como fecha límite para desmontar el espacio.
El Gobierno de De la Espriella justificó el cierre de las negociaciones al considerar que los mecanismos heredados de la Administración Petro no produjeron resultados suficientes en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia.
La nueva estrategia establece que los integrantes de grupos armados que demuestren una voluntad efectiva de abandonar las armas deberán someterse individualmente a la Justicia.
En contraste, quienes decidan mantener las acciones violentas contra la población serán enfrentados por la Fuerza Pública, según anunció el Ejecutivo.
El mandatario colombiano llegó al poder con la promesa de endurecer la respuesta del Estado frente a guerrillas, organizaciones narcotraficantes y otros grupos armados. Desde sus primeras semanas de Gobierno, ha defendido la aplicación de una política de “mano de hierro” y el uso de “las armas y de las leyes de la República” contra quienes persistan en actividades violentas.
La Administración también cuestionó el costo de los procesos de diálogo desarrollados durante el Gobierno anterior. Según sus cálculos, estos mecanismos implicaron un gasto institucional cercano a los 7.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 2,2 millones de dólares, principalmente en honorarios de voceros, representantes y negociadores.
A esa cifra se suman, de acuerdo con el Ejecutivo, los recursos destinados a seguridad, viáticos, zonas de ubicación y otros gastos asociados con las negociaciones.
Con la decisión anunciada este viernes, De la Espriella pone fin a uno de los principales pilares de la política de seguridad de Petro y abre una nueva etapa basada en el sometimiento individual a la justicia, el desmantelamiento de los espacios de negociación y una mayor presión militar sobre las organizaciones que permanezcan armadas.
Fuente: Versión Final
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