Un juez del departamento colombiano del Guaviare ordenó suspender temporalmente los bombardeos contra grupos armados ilegales cuando exista información que permita advertir razonablemente la posible presencia de niños, niñas o adolescentes en las zonas de operación.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare dentro de una acción de tutela presentada para proteger los derechos fundamentales de menores víctimas de reclutamiento forzado. La medida está dirigida al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, al Ministerio de Defensa y a las autoridades militares.
El juzgado estableció que la restricción se aplicará cuando existan informes de inteligencia, alertas preventivas u otros elementos objetivos que permitan prever la presencia de menores que puedan resultar afectados en su vida o integridad física.
La medida tiene carácter provisional y permanecerá vigente mientras el despacho judicial resuelve de fondo la acción de tutela. No representa una prohibición general de los bombardeos ni de las operaciones militares en el departamento.
Además, el tribunal dio un plazo de 48 horas al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para informar sobre los protocolos y mecanismos utilizados para identificar la presencia de menores en zonas donde se desarrollen operaciones militares.
Las autoridades también deberán explicar cómo verifican la información de inteligencia relacionada con el eventual reclutamiento o utilización de menores, cómo evalúan los riesgos para la población civil antes de ejecutar operaciones aéreas y qué medidas de protección reforzada aplican para niños y adolescentes.
La decisión judicial se conoce poco más de una semana después de un operativo militar realizado el 27 de agosto en una zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, contra una estructura disidente de las FARC.
Tras la operación, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres de los cuerpos recuperados correspondían a menores de edad, de 15, 15 y 16 años. El Gobierno defendió la legalidad del operativo y sostuvo que los menores formaban parte del grupo armado.
El caso generó un nuevo debate en Colombia sobre las operaciones aéreas contra grupos armados que reclutan a menores y sobre las medidas que deben adoptar las Fuerzas Militares para evitar que niños y adolescentes resulten afectados durante este tipo de acciones.
La decisión del juzgado de Guaviare se suma a una medida adoptada previamente por un juzgado de Bogotá, que también ordenó restricciones provisionales a los bombardeos cuando existan elementos que indiquen la presencia de menores reclutados o utilizados por grupos armados.
De esta manera, dos decisiones judiciales emitidas en menos de una semana han puesto límites temporales a las operaciones aéreas en determinadas circunstancias, mientras los tribunales evalúan las acciones de tutela y los mecanismos utilizados por las autoridades para proteger a los menores durante las operaciones militares.
Fuente: Versión Final
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