La propuesta del Gobierno encargado de Venezuela para despenalizar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia ha sido objeto de severas críticas por parte de Nicmer Evans, politólogo y dos veces preso político. Evans sostiene que esta iniciativa no solo es insuficiente, sino que mantiene intactos los mecanismos de coerción estatal contra la ciudadanía.
En su análisis, Evans aclara que despenalizar no implica la derogación del instrumento legal vigente desde 2017. A su juicio, el texto propuesto seguirá permitiendo las medidas administrativas, extorsiones y persecuciones que históricamente han sido utilizadas contra los sectores opositores. «No se trata de una verdadera reforma, sino de una fachada que perpetúa la represión», advirtió.
El dirigente político no es ajeno a las consecuencias de esta normativa, habiendo sufrido arrestos en dos ocasiones bajo acusaciones de instigación y promoción al odio. Su experiencia personal resuena con la de muchos otros, y es un testimonio de la aplicación abusiva de la ley.
La voz de Evans se suma a la de diversos sectores de la sociedad civil, ONGs y defensores de derechos humanos que exigen la anulación absoluta de esta norma para garantizar la libertad de expresión en el país. «La propuesta oficialista no solo es insuficiente, sino que preserva la estructura de persecución política que ha caracterizado al régimen», enfatizó.
Este pronunciamiento se produce en un contexto en el que el Gobierno venezolano ha solicitado formalmente a la Asamblea Nacional la reforma de la Ley contra el Odio, en un intento de despenalizar delitos de opinión. Sin embargo, para Evans y otros críticos, esto no es más que una estrategia para continuar con el control sobre el discurso público.
Fuente: Versión Final
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