La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), lanzó un contundente rechazo a la solicitud de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de reformar la polémica ley contra el odio. En un comunicado, la PUD exigió su derogación inmediata, argumentando que esta norma ha sido un instrumento de persecución y criminalización de ciudadanos inocentes.
“Pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito”, declaró la PUD. Este marco legal ha sido parte del aparato represivo del régimen para silenciar voces disidentes y restringir libertades fundamentales. La coalición, que respalda a la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, subraya que Venezuela no necesita una versión corregida de esta herramienta de persecución, sino un desmantelamiento del marco jurídico que permite al Estado actuar contra quienes critican al gobierno.
“La libertad de expresión, el derecho a informar, la libertad de pensamiento y la participación política no pueden estar sometidos al temor de sanciones arbitrarias o persecución”, enfatizó la PUD. La derogación de esta ley, según afirmaron, debe ser un paso concreto hacia la restitución de las libertades civiles y políticas y la recuperación del Estado de derecho.
La solicitud de reforma de Rodríguez se produce en un contexto de tensiones políticas, justo después de que el gobierno y un sector de la oposición culminaran el segundo ciclo de diálogo respaldado por Estados Unidos. La ley en cuestión, conocida como Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, fue impulsada por el depuesto mandatario Nicolás Maduro y ha sido considerada por organizaciones defensoras de derechos humanos como parte del marco legal represivo contra los críticos del chavismo.
Desde su aprobación en 2017, la ONG Foro Penal ha documentado que 927 personas fueron acusadas de incitación al odio, de las cuales seis permanecen detenidas y 638 enfrentan medidas restrictivas de libertad. La mandataria interina, Delcy Rodríguez, reconoció que, aunque cree en los principios de la ley, su aplicación ha sido aberrante y abusiva.
La creación de una comisión de once diputados, entre los que se encuentra Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, para redactar el proyecto de reforma, añade otra capa de complejidad a esta ya tensa situación política. La delegación opositora en el diálogo espera que cualquier reforma propuesta cumpla con fines democratizadores y contribuya al restablecimiento de derechos fundamentales en el país.
Fuente: Versión Final
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