La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió el pasado 27 de julio una sentencia donde limita la responsabilidad de los funcionarios incursos en los delitos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a simples «faltas administrativas».
En la sentencia número 966 se rechazó por «incompetente» una acción de amparo constitucional presentada por un ciudadano extranjero detenido por presunto narcotráfico en la sede de Interpol de Parque Carabobo. El ciudadano denunció, a través de su abogada, las torturas y tratos crueles a los que era sometido.
Fuente: Tal Cual
