Pedro Carmona Estanga regresó a Venezuela de manera inesperada. Su retorno, después de más de dos décadas de exilio en Colombia y España, irrumpe en un escenario político que intenta construir una nueva etapa bajo el interinato de Delcy Rodríguez, pero con el gobierno de Donald Trump como responsable de las grandes decisiones tras la captura de Nicolás Maduro, más allá del discurso de pacificación nacional.
No se trata de una llegada cualquiera. El hombre que ocupó la Presidencia de la República durante menos de 48 horas, en abril de 2002, vuelve al país que abandonó después del fracaso de aquella ruptura institucional, con una historia que todavía divide a los venezolanos y una carga política que el chavismo convirtió durante años en uno de sus principales argumentos de confrontación.
Tenía un alto prestigio como presidente de Fedecámaras, de una naturaleza tal que, en ese momento, en plena contingencia lo fueron a buscar para presidir el proceso. Pero no tenía el pulso político, lo que conllevó prácticamente a errores de los que no pudo zafarse a tiempo tras una manipulación de su entorno cercano de civiles y militares. Algunos juristas —que todavía no conocen bien, fueron los arquitectos de ese plan fallido de origen de terminar con el Congreso. Cayó en la encerrona de quienes pretendían controlar las FANB sin el apoyo global.
El retorno obliga a examinar el alcance real de la reconciliación que promueve el régimen, las garantías que ofrecen a quienes se enfrentaron al chavismo y la disposición de las autoridades a aceptar que la reconstrucción nacional no puede depender de una memoria administrada desde Miraflores.
Se produce en un momento especialmente delicado, en el que acaba de confirmarse una condena de 30 años contra el capitán de la GNB, Juan Carlos Caguaripano por parte de la Corte de Apelaciones de Carabobo. El militar encabezó la Operación David, el asalto al Fuerte Paramacay ocurrido en agosto de 2017. La decisión, conocida el 12 de noviembre de 2026, también ratifica penas máximas para otros procesados y modifica algunas de las condenas originales.
¿Su causa preescribió?
Tras el vacío constitucional de abril de 2002, Carmona fue imputado por los delitos de rebelión militar y usurpación de funciones públicas. Mientras cumplía arresto domiciliario en mayo de ese año, se fugó, solicitó asilo político en la embajada de Colombia en Caracas y se trasladó a Bogotá, donde residió por años.
En 2007, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ratificó que los hechos imputados a Carmona no se consideran delitos políticos, sino delitos comunes/civiles, lo que dificultó su defensa bajo figuras de amnistía o asilo en solicitudes de extradición.
Dirigentes socialistas se escudaron el artículo 271 de la Constitución de Venezuela de 1999 (y criterios aplicados por el sistema de justicia chavista en causas vinculadas a golpes de Estado o delitos contra la cosa pública), afirmando que los procesos penales asociados a la ruptura del hilo constitucional o delitos graves contra el Estado suelen considerarse imprescriptibles o quedan suspendidos indefinidamente mientras el imputado permanezca prófugo.
Por ello la incertidumbre. Carmona Estanga nunca fue juzgado ni condenado en ausencia —debido a que la legislación penal venezolana prohíbe el juicio en ausencia—, por lo que su expediente permanece abierto en fase preliminar y con orden de aprehensión vigente en territorio venezolano, aunque lleva años sin movimientos públicos relevantes.
Ahora llega en medio del cuarto ciclo de conversaciones entre representantes del chavismo y sectores opositores, que suma acuerdos sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la revisión de normas utilizadas para restringir derechos políticos. La presencia del exlíder empresarial promueve un escenario complejo para Miraflores, desde dónde discursivamente se resaltan palabras como convivencia, diálogo, reconciliación.
Carmona terminó fuera del país y recibió asilo político en Colombia.
Desde entonces, su figura quedó atrapada en una discusión que todavía no encuentra una interpretación compartida. Para unos sectores representó una alternativa frente al chavismo; para otros, encabezó una operación que desconoció la institucionalidad democrática y abrió un precedente incompatible con el Estado de derecho. Ambas dimensiones forman parte de su trayectoria y ninguna debería desaparecer de una reconstrucción histórica seria.
Su regreso, por tanto, no puede servir para justificar una reacción de persecución, hostigamiento o represalia. El Gobierno interino tiene ante sí una oportunidad para demostrar que la pacificación no es una estrategia comunicacional destinada a mejorar su posición internacional, sino una decisión política que implique cambios en la relación entre el Estado y sus ciudadanos.
El 11 de abril sigue presente
Veinticuatro años después, el 11 de abril de 2002 continúa siendo una fecha de enorme sensibilidad para Venezuela. No existe una memoria política uniforme sobre aquellos acontecimientos. La jornada dejó víctimas, responsabilidades institucionales, decisiones militares y civiles que todavía generan controversias y una profunda fractura en la interpretación de lo ocurrido.
Carmona fue uno de sus principales protagonistas. Su actuación durante las horas que estuvo al frente del Ejecutivo no puede separarse de la historia del país ni de las consecuencias institucionales de sus decisiones, pero claramente juzgado un complot de sus propios colaboradores, regresa hoy al país a enfrentarse a una justicia que estaría en proceso transicional.
Si la pacificación que propone Delcy Rodríguez aspira a tener legitimidad, debe permitir que el país examine su pasado sin censuras, que las víctimas sean escuchadas y que las responsabilidades se determinen con independencia. El derecho a regresar no equivale al derecho a desconocer los hechos. Del mismo modo, la obligación de responder por las decisiones del pasado no autoriza al Estado a vulnerar garantías fundamentales.
Fuente: Versión Final

