La oposición venezolana planteará en la mesa de negociación con el chavismo la eliminación de las inhabilitaciones políticas y la restitución de los derechos electorales de dirigentes perseguidos, una medida que podría ser determinante para una eventual participación de María Corina Machado en futuros comicios.
La propuesta fue anunciada por Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el proceso de diálogo, quien señaló que uno de los objetivos centrales es garantizar que quienes han sido “criminalizados, perseguidos, exiliados” puedan recuperar su derecho a participar en procesos electorales.
“Sin partidos no hay democracia”, afirmó Figuera, al referirse además a la situación de las organizaciones opositoras cuyos símbolos y directivas han sido modificados mediante decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Machado, una de las principales figuras de la oposición venezolana, ganó con más de 90 % de los votos las primarias opositoras de octubre de 2023, pero no pudo competir en las elecciones presidenciales de julio de 2024 debido a su inhabilitación política. En su lugar, la Plataforma Unitaria Democrática inscribió al diplomático Edmundo González Urrutia.
La dirigente de Vente Venezuela continúa siendo una de las principales referencias políticas de la oposición, pero actualmente no podría postularse a un cargo de elección popular mientras se mantenga vigente la sanción en su contra.
La negociación avanza hacia septiembre
La eliminación de las inhabilitaciones forma parte de una agenda más amplia que la oposición pretende discutir en las próximas rondas de negociación, promovidas por Estados Unidos.
Durante el primer ciclo de conversaciones, cerrado el 12 de agosto, las partes acordaron avanzar en la renovación de los magistrados del TSJ y unir esfuerzos para recuperar activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra.
El proceso contempla además discutir modificaciones al sistema de justicia, al Consejo Nacional Electoral y garantías para la participación política.
Figuera también señaló que la oposición busca derogar normas como la Ley contra el Odio y la legislación de fiscalización de las organizaciones no gubernamentales, que consideran parte del marco utilizado para limitar la actividad de sectores críticos al gobierno.
Las partes tienen previsto retomar las conversaciones en septiembre, con una agenda que incluye la atención a las víctimas del terremoto del 24 de junio, el fortalecimiento institucional y democrático, y la discusión de derechos y garantías políticas.
El levantamiento de las inhabilitaciones se perfila así como uno de los asuntos clave para determinar quiénes podrán participar en un eventual proceso electoral venezolano y bajo qué condiciones se desarrollaría una futura transición política.
Fuente: Versión Final
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