17 de septiembre de 2026
Península de Paraguaná, Estado Falcón Venezuela
Venezuela

Ministerio Público ordena retirar de redes sociales contenidos que expongan a personas privadas de libertad

El fiscal general de la República, Larry Davoe, instruyó a la Dirección de Relaciones Institucionales del organismo la eliminación, en todas las plataformas y redes sociales oficiales del Ministerio Público, de aquellas publicaciones que exhiban la imagen de personas privadas de libertad o se les señale directamente como responsables de hechos punibles sin que exista una condena penal emitida por los tribunales competentes.

A través de una declaración difundida en su cuenta oficial de la red social X, la máxima autoridad del órgano del Poder Ciudadano enfatizó que la decisión busca dar cumplimiento estricto a las garantías establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano.

Esta medida responde a un principio fundamental: toda persona es inocente hasta que un tribunal determine lo contrario. La presunción de inocencia no es una formalidad, es un derecho constitucional que el Ministerio Público está obligado a garantizar”, sostuvo el fiscal institucional.

La instrucción emitida por la Fiscalía General se fundamenta en los preceptos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en lo relativo a la protección de los derechos humanos y el debido proceso:

  • Artículo 46 (numeral 2): Establece el respeto debido a la integridad física, psíquica y moral, consagrando que toda persona privada de libertad debe ser tratada con la dignidad inherente al ser humano.
  • Artículo 49 (numeral 2): Define las garantías del debido proceso aplicables a las actuaciones judiciales y administrativas, ratificando la presunción de inocencia mientras no se determine la responsabilidad mediante fallo firme.
  • Artículo 60: Garantiza el derecho de la ciudadanía a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.

Finalmente, el titular de la acción penal en el país ratificó la orientación institucional de preservar una gestión judicial enmarcada en la transparencia, la objetividad y el resguardo de la dignidad individual de los procesados.

Fuente: 2001

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