En el marco de los recientes anuncios en materia de orden público y seguridad ciudadana, el presidente de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella, expidió el Decreto 1525 de 2026, mediante el cual se modifica y adiciona el Decreto 003 de 2021 para redefinir el protocolo de actuación de la Fuerza Pública durante las jornadas de manifestación y protesta social en el país.
La medida busca establecer un balance entre las garantías para la movilización ciudadana y la intervención inmediata de las autoridades en caso de alteración del orden, bloqueos viales o actos de violencia.
«En Colombia se respeta la protesta pacífica, ¡pero no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos! Hoy expedí el Decreto 1525 de 2026 para fortalecer las garantías de quienes se manifiestan pacíficamente y asegurar que las autoridades actúen, dentro del marco de la ley, frente a quienes pretendan sembrar el caos».
En su mensaje a la nación, De La Espriella sostuvo que el derecho a la movilización no puede vulnerar las libertades de la mayoría de la población ni la productividad nacional.
«¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz! A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley, con respeto por el debido proceso. ¡Se acabó la guachafita! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera!», precisó.
Asimismo, el Presidente detalló que el marco legal prohíbe explícitamente el bloqueo de corredores de transporte y servicios esenciales en el territorio colombiano:
«No voy a permitir que se bloqueen vías, que se impida el tránsito libre de los ciudadanos, que las ambulancias no puedan pasar, que los niños no puedan ir a la escuela, que los transportadores no puedan mover sus cargas… Tampoco vamos a permitir que ciudadanos ajenos a las manifestaciones terminen pagando las consecuencias de actos violentos».
En relación con el procedimiento operativo de las fuerzas de seguridad, la alocución presidencial destacó la articulación de las instancias regionales y policiales para judicializar de manera oportuna a quienes cometan delitos.
«Los hechos de violencia serán documentados y puestos en conocimiento de las autoridades competentes. Los puestos de mando unificado fortalecerán la coordinación entre las autoridades de policía y militares y, por supuesto, los alcaldes, los gobernadores y el gobierno central».
Finalmente, De La Espriella concluyó reafirmando la postura de su administración respecto al uso legítimo de la fuerza e institucionalidad del Estado.
«¿Qué permite este decreto? Hacer lo que hay que hacer para atacar el vandalismo, el terrorismo urbano disfrazado de protesta. Insisto: todas las manifestaciones pacíficas que quieran, pero aquellos que recurran a la violencia sentirán todo el peso y la contundencia del Estado. ¡Lo prometí, lo cumplí y seguiré cumpliendo! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!», concluyó.
Fuente: El Universal
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