Colombia atraviesa por uno de los periodos de violencia más críticos de la última década, con un notable recrudecimiento de la inseguridad que ha superado los registros del año 2024. Este alarmante panorama se da a pesar de la política de «paz total» del gobierno de Gustavo Petro, la cual, según expertos, podría haber brindado a los grupos armados una oportunidad para fortalecerse.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha calificado el 2025 como un año dramático. Entre enero y febrero, la violencia afectó a más de 695,000 personas, una cifra que representa un aumento de casi 462% respecto al mismo periodo del año anterior. Regiones como el Catatumbo en Norte de Santander, Chocó, Cauca, Antioquia, Arauca y el Sur de Bolívar han sido los epicentros de la crisis, donde los enfrentamientos, confinamientos y restricciones de movilidad han limitado el acceso a servicios esenciales y la seguridad alimentaria.
La fragmentación y reconfiguración de los grupos armados no estatales, como disidentes de las FARC y el ELN, son los principales motores de esta escalada, motivada por la disputa del control territorial y las economías ilícitas. A esto se suma la adopción de nuevas tácticas como el uso de drones armados, un hecho que ha encendido las alarmas de las autoridades. El pasado 31 de agosto, un ataque con drones en El Bordo, Cauca, dejó a tres policías heridos, evidenciando la creciente sofisticación de estos grupos.
Este contexto de violencia también ha tenido un impacto político de gran envergadura. El 11 de agosto de 2025, el país lamentó la muerte del aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció dos meses después de sufrir un atentado en Bogotá. La falta de una estrategia de seguridad integral ha creado un ambiente de desesperanza en muchas comunidades, que se sienten desprotegidas ante la intensificación del conflicto.
Fuente: Pegaísima 91.7FM- Daimal Gómez Pasante de UBV – con información de 2001
