La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó la Ley de la Cruz Roja Venezolana (CRV), aprobada el pasado mes por el Parlamento para regular la organización humanitaria, y calificó la nueva normativa como «un logro» para el país.
En un acto en Miraflores, sede del Ejecutivo, en Caracas, la mandataria encargada expresó que la ley reconoce las virtudes de la Cruz Roja nacional como una organización «independiente y neutral» que «se convierte también en un órgano auxiliar» del sistema venezolano de gestión de riesgo.
Por su parte, el presidente de la CRV, Luis Farías, consideró que la norma fue creada para que «esté a disposición del Estado y de todos los venezolanos que la necesiten».
Farías agradeció a Rodríguez por promulgar la ley y por «su determinación, desde hace muchos años, para que la Cruz Roja asumiera su rol auxiliar de los poderes públicos en materia humanitaria».
El texto fue entregado por el primer vicepresidente del Parlamento y el jefe de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación del Legislativo, Pedro Infante y Jehyson Guzmán, respectivamente, así como por el diputado Antonio Ecarri.
En el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), se encontraba también el jefe de la delegación en Venezuela de la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja, Nelson Aly.
Asimismo, asistió la jefa de la Delegación Regional Caracas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Valerie Aubert, entre otros.
Asimismo, la norma indica que, en caso de «conmoción o conflicto interno», la institución «tiene el deber de ayudar a los servicios médicos de la Fuerza Armada», aunque especificó que la ayuda es «estrictamente humanitaria y neutral».
La Cruz Roja nacional fue intervenida en agosto de 2023 por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una semana después de que la Fiscalía abriera una investigación contra el entonces presidente de la institución, Mario Villarroel, por el «presunto acoso y maltrato» a voluntarios y trabajadores de la organización.
Villarroel rechazó las acusaciones en su contra, que tildó de «deshonestas», y consideró como «ilegal» la intervención, que incluyó también la designación por parte del TSJ de una directiva para su reestructuración.
Fuente: banca y Negocios
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